LA FRAGATA LIBERTAD, UN REHÉN DE LOS "FONDOS BUITRES"

24.10.2012       18:00    SANTA ROSA, LA PAMPA

Ina Santesteban (LA ARENA)

El embargo de la Fragata Libertad, retenida en el puerto de Tema, en la república africana de Ghana, es un ataque a la soberanía política argentina.

El lunes pasado, la presidenta Cristina Fernández, afirmó que, mientras ella sea presidenta de los argentinos, prefiere que se queden con la Fragata Libertad, antes que "con nuestra soberanía". Así se expresaba luego de más de veinte días de un hecho de suma gravedad para nuestro país, y que, bajo las normas del derecho internacional público y de la navegación, es un ataque a la soberanía nacional.

Cincuenta años

La Fragata Libertad tiene casi cincuenta años de surcar los mares del mundo como buque de la Armada Argentina, sirviendo de formación de los guardiamarinas y también, representando a nuestro país en los distintos puertos del mundo.

En ese marco, según el artículo 95 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los buques de guerra de un Estado tienen inmunidad y no pueden ser embargados. Pero esa inmunidad puede ser renunciada por el propio estado, que es lo que lamentablemente ha ocurrido en el caso argentino.

En la década del ´90, bajo el gobierno de Carlos Menem, la Argentina negoció una y otra vez su deuda externa, emitiendo bonos desde el Plan Brady (1992) en adelante, incluyendo en todas y cada una de esas negociaciones, cláusulas por las cuales nuestro país renunciaba a las inmunidades que establecen las normas internacionales.

Esa renuncia, según el economista e historiador Alejandro Olmos Gaona (Miradas al Sur, 21/10/2012), fue suscripta en forma total y "sólo excluye las reservas de libre disponibilidad de propiedad del Banco Central, los activos existentes en la Argentina y los bienes que se encuentran fuera del país afectados a un servicio público esencial. En ningún caso se excluyó a los buques comerciales o de guerra de esa renuncia a la inmunidad".

Fondos buitres

Por ello, los "fondos buitres" o "holdouts", que no aceptaron la renegociación de la deuda externa encarada por el presidente Néstor Kirchner y su ministro de Economía, Roberto Lavagna, han iniciado diversas demandas en tribunales de EE.UU. y otros países, obteniendo sentencias favorables.

Los "buitres" son fondos de capital de riesgo o de inversión libre, que se dedican a comprar deuda pública de una entidad o de un estado, aprovechándose de su debilidad financiera, por quiebra o por défault. De allí deriva su nombre, porque como las aves carroñeras, que sobrevuelan a sus víctimas esperando que se mueran para devorarlas, los "fondos buitres" acechan a países en riesgo o con crisis muy profundas, para comprar sus deudas públicas por monedas, y luego reclamar su pago a un precio muy superior al que en realidad desembolsaron al adquirirlas.

En la Argentina, estos fondos no aceptaron la quita del valor de los bonos que ofrecía el gobierno argentino en 2005 y por ello recurrieron a tribunales internacionales, en los cuales han logrado sentencias favorables.

Recuperar la confianza

El director del Banco Ciudad, Federico Sturzenegger, escribió en "La Nación" que este caso "no tiene posibilidad de ser exitoso porque la legislación sobre inmunidad soberana es clara acerca de lo que debiera acontecer con los activos militares de un país". Según este frecuente consultor de corporaciones y organismos internacionales, entre los que se encuentran el FMI y el Banco Mundial, la Argentina tendría que llegar a un arreglo con estos fondos en lugar de continuar con una actitud de conflicto, no tanto para recuperar la fragata Libertad, porque ése sería su derecho, sino para "recuperar la confianza" de los mercados internacionales. Para Sturzenegger, la Argentina y su gobierno "tienen mucho más para ganar bajándose del ring, trabajando en cooperación con el resto del mundo y siendo respetuoso de todos sus compromisos".

Embargo

El fondo que ha conseguido que el juez de la Corte Superior de Comercio de Ghana, Richard Agyei-Frimpong, embargue y retenga a la fragata Libertad, se llama NML Elliot Capital Management. Su director es el norteamericano Paul Singer, quien se especializa hace años en comprar deuda de países como Perú o Congo, cuando su valor se encuentra por los suelos para después reclamar un precio mucho más elevado. Como asesor económico del candidato presidencial republicano, Mitt Romney, es uno de los principales contribuyentes de ese partido, por lo cual, si Argentina pagara al fondo NML, parte de ese dinero estaría destinado, seguramente, a financiar la campaña del republicano a la Casa Blanca.

Deuda externa

El caso del embargo de la Fragata Libertad trae de nuevo a la agenda pública, el problema de la deuda externa argentina, que para el gobierno kirchnerista había dejado de ser un problema, porque se había terminado con la renegociación y el pago al FMI en enero de 2006. Sin embargo, lo sucedido en el puerto de Tema, Ghana, en estos días, demuestra que el fantasma de la deuda externa "sigue recorriendo" a nuestro país, y continuará siendo un problema si el Estado no rectifica muchos aspectos de su política, no sólo económica, sino también en materia de las Fuerzas Armadas.

En primer lugar, porque cuando se firmó el Plan Brady, la Argentina se sometió a la aplicación de la Ley de Inmunidades Soberanas de los Estados Unidos y a la Ley de Inmunidad de Estado de Gran Bretaña de 1978, que admite la procedencia de cualquier país de ser juzgado en esos territorios si declara que los actos celebrados no son actos soberanos, sino comerciales y sujetos al derecho privado. Y segundo, porque -luego de otros presidentes que también lo hicieron- fue el propio Néstor Kirchner quien renunció a oponer la defensa de inmunidad soberana sobre bienes del Estado Nacional, cuando firmó el primer decreto de reestructuración de la deuda pública en marzo de 2004.

Rebeldía

Este caso estalló en la misma semana en que se produjo la "rebelión de los prefectos y gendarmes", por un reclamo salarial -real- pero con ribetes de rebeldía insostenibles en una fuerza de seguridad. Así, semejante "desajuste" en simultaneidad no puede ser subestimado, en un país con la historia de golpes militares como la que tiene la Argentina. Como mínimo, hay que consentir que la política kirchnerista en materia de seguridad y fuerzas armadas, no ha sido lo suficientemente firme como para someterlas al poder civil.

El cambio de itinerario de la Libertad no debió permitirse, y se debió continuar con la línea que había trazado Nilda Garré, cuando era ministra de Defensa, que había autorizado los viajes de ese buque sólo por puertos de países de la Unasur, en los que no prosperaría nunca una demanda entablada por los "fondos buitres".

Sin embargo, los marinos propusieron cambiar el itinerario, atracar en puertos como el de Ghana, que pertenece al Commonwealth británico, y ningún funcionario de la cartera de Defensa se opuso a ese pedido, que fue efectuado en mayo de este año, convalidándolo.

Buscar apoyos

El caso continúa vigente porque todos los días se descubren responsabilidades que llegan hasta el propio ministro de Defensa, Arturo Puricelli, a quien el periodista Horacio Verbitsky le endilga la responsabilidad, junto a los jefes de la Armada que fueron pasados a retiro, el almirante Carlos Paz y el comodoro de marina, Alfredo Blanco, de cambiar el itinerario de la fragata, a pesar de que dicha decisión había sido cuestionada por funcionarios de la Cancillería y por el secretario de Asuntos Internacionales de Defensa, Alfredo Forti, designado por Nilda Garré cuando ella era titular de esa cartera.

En medio de estos desacoples en áreas estratégicas del gobierno, la decisión de buscar apoyo en los países amigos, tanto de América Latina como de otros continentes, es la más correcta. En cambio, la presentación ante el G-20 de una queja contra los fondos buitres, no parece ser lo más acertado, teniendo en cuenta el peso en ese grupo de países en cuyo territorio esos fondos encontraron respuesta favorable a sus demandas judiciales.

 

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