CAUTELARES AL RITMO DE CHAMAMÉ

 

12.10.2012           12:00          SANTO TOMÉ

     

 

 

 

La redefinición del fórum shopping: medida cautelar dispuesta por juez incompetente + cooptación de los abogados defensores que dilaten los plazos indefinidamente. Conozca cómo hizo la Gendarmería Nacional para fijar sus propias políticas salariales.

 

El objetivo de los abogados y altos mandos de Gendarmería Nacional era relativamente sencillo: presentarse  colectivamente ante un juez incompetente, procurando lograr se dicte una medida cautelar a su favor -ya que todo magistrado debe expedirse sobre ella  a pesar de su incompetencia cuando se trata de un proceso de amparo-, para luego someterse al resto del proceso percibiendo el pago del dinero solicitado en dicha medida cautelar.

Claro que para alcanzar este propósito se requería la organización de un entramado de complicidades de difícil construcción.

El primer paso consistía en encontrar la mayor cantidad de casos posibles, cuanto más actores más crecían las posibilidades de multiplicar ganancias. Para ello era necesario aceitar los mecanismos de reclutamiento de interesados en litigar contra el Estado. En ese punto la organización jerárquica de las fuerzas de seguridad aseguraba que con la complicidad de los altos mandos, los potenciales reclamantes estén motivados para hacerlo.

El segundo paso consistía en encontrar un magistrado receptivo. No importaba su localización, pues la idea es que rápidamente se declarara incompetente. Sin embargo, lo que debía firmar el juez no era para nada intrascendente: nada menos que amparos colectivos que contenían centenares de reclamos individuales de funcionarios que indudablemente no vivían en su jurisdicción. En toda una muestra de la situación de la Justicia, los ideólogos de esta mega defraudación tardaron poco en encontraar no uno sino varios jueces dispuestos a estampar sus firmas en estos procesos escandalosos.

Para el tercer paso era necesario contar con la peor defensa legal posible de los intereses de Gendarmería. El expediente estaba destinado a no progresar nunca a partir del dictado de la cautelar. Con lo cual, lo ideal era hacer durar lo más posible la vigencia de esta medida preventiva. Los abogados de la fuerza serían los encargados de demorar todo lo posible el proceso. Así, desde que el juez dictaba la cautelar, hasta que la misma era revocada, eran los propios letrados de la fuerza quienes hacían todo lo posible para que el caso no progrese. No apuraban el traslado del expediente, no solicitaban “pronto despacho”, demoraban las notificaciones, etc.

Relacionada con estas demoras, la ultima etapa consistía en postergar -mediante todo tipo de excusas- la regularización de las liquidaciones tal como disponían los fallos que revocaban las cautelares. Para eso la organización debía contar con la participación de los liquidadores de sueldos.  

Así, de a poco, se fueron acumulando decenas de acciones colectivas que otorgaron cautelares a personal de Gendarmería. La vieja práctica del fórum shopping redefinió un sistema según el cual las autoridades administrativas dejaron de determinar las políticas salariales, para quedar en mano de los jueces. En la actualidad el 60 % de los prefectos y 79 % de los gendarmes cobran sueldos establecidos por jueces mediante fallos y medidas cautelares.

Las consecuencias han sido tremendamente perjudiciales para el Estado y para la sociedad entera.  Basta con referir que, desde diciembre hasta el mes pasado, se pagaron 161 millones de pesos en sueldos para cumplir con cautelares que en realidad estaban vencidas.

El escándalo recién tomó estado público para los medios nacionales en estos días. Sin embargo, la localidad de Santo Tomé -Provincia de Corrientes- hace un tiempo ya se había convertido en la capital nacional de la medida cautelar. Para ello fue inestimable el aporte de la ex jueza en lo Civil, Comercial y Laboral Graciela Beatriz Duarte.

Esta funcionaria estuvo a cargo del juzgado donde se resolvieron varias de estas medidas cautelares que involucraban a centenares de integrantes de fuerzas de seguridad. Estas vergonzosas acciones judiciales fueron, precisamente, las que motivaron que se le iniciara el juri de enjuiciamiento que terminó con su destitución [ver].

Es importante mencionar las palabras del Fiscal General de Justicia de la Provincia de Corrientes, Dr. César Sotelo, durante el proceso de destitución de Duarte: “….es asombroso. Es inaudito, no incomprensible: es extraordinario. Creo que tenemos que tomar en cuenta todas las pautas que estoy detallando porque vamos a encontrarnos con los hechos más inverosímiles vividos hasta ahora en la Justicia de Corrientes (...) 102 demandas contra el Estado Nacional, y en cada una de ellas una pluralidad de actores increíble, de diversos lugares del país; es decir, gente de Tierra del Fuego, Río Cuarto, Formosa. El país entero se hizo cita en Santo Tomé y no por el Festival del Chamamé de Santo Tomé sino por el Juzgado Civil y Comercial (…) No vi nunca en mi vida. Siete mil clientes de mínima deben tener únicamente en los Amparos producidos en la Ciudad de Santo Tomé. (…)Tengo la satisfacción que ya está iniciada la acción penal, señores del Jurado. Ya está iniciada desde el 2010 por el doctor Fonteina también, pero ahora voy a solicitar que se le incluya a los doctores Serial, Milán y Chalup también, que vayan y que respondan a la Justicia de Corrientes”.

Asimismo, en dicho proceso, se consignó “que los demandantes eran de distintas provincias del país, Buenos Aires, Formosa, Salta o Tierra del Fuego, con lo cual la magistrada provocó en el Tribunal: Un incremento notorio y desmedido de causas, pues los demandantes llegaron a totalizar aproximadamente cinco mil actores, aún cuando la demanda se interponía unitariamente, eran colectivas, contando en cada una entre 30 y 70 actores, aproximadamente, ocasionado tal impacto en la marcha del Tribunal, que los Secretarios y la ex Actuaria, se refirieron a las mismas, como una avalancha de causas, o el “boom” de los “amparos” […] Se comprobó además que la Dra. DUARTE, brindó un tratamiento especial a estas causas de “amparos” o “cobros de pesos” contra el Estado nacional, porque: El único objeto de las demandas (…) fue el “reajuste salarial” de los actores, es decir un objeto de neto corte patrimonial, por lo cual no correspondía imprimir el trámite sumarísimo previstos para los “amparos” cuya finalidad es resolver casos urgentes que exigen una respuesta inmediata al amparante. Así en concreto el Actuario Ayala dijo: “[..] Contra el Ejército, contra Gendarmería y Prefectura Naval […] Reclamos por diferencia de haberes […] que por más que haya un derecho constitucional afectado, no cumplió con la normativa del Código Procesal Civil de las medidas innovativas, que tenía que ser un irreparable perjuicio o que haya peligro en la demora o que haya urgencia, excepcionalidad, […]”.

En la justicia federal hay varias denuncias iniciadas por estos hechos ocurridos en diversas jurisdicciones del país. Una de ellas es la presentada por el propio Ministerio de Seguridad de la Nación.

 

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